Este lunes, la asambleísta de la RC Gissela Garzón manifestó que la crisis de inseguridad en el país exige funcionarios que asuman su rol y cumplan con sus responsabilidades.
Ante la falta de respuestas, corresponde ejercer el rol de fiscalización y control político desde la Asamblea Nacional, alertó Garzón a través de su red social X.
La legisladora remitió un documento al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, con la solicitud oficial para el enjuiciamiento de la funcionaria. El texto contó con respaldo de toda la bancada de la RC.
Ante esa solicitud, la Fiscalía General emitió un comunicado argumentando que el pedido de juicio político «carece de los fundamentos requeridos para aplicar esa figura de fiscalización».
Además, señaló que el enjuiciamiento solo busca la impunidad, relacionada con casos que han sido sentenciados o que se están resolviendo en el ámbito penal.
Por otra parte, califican el pedido como un ataque más en contra de Salazar, y aseguran que la Fiscal «sabrá mostrar las pruebas suficientes en su defensa».
Mientras tanto, el líder del movimiento RC, el expresidente Rafael Correa, argumentó en su cuenta de X que Salazar habría amenazado con la prisión inmediata de la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y el exvicepresidente Jorge Glas si se lleva a cabo el juicio político en su contra.
Correa instó a no amilanarse y dejar que el pueblo ecuatoriano juzgue en función de las pruebas, llamando a los representantes en el Parlamento a cumplir con su deber.
Entretanto, legisladores de la bancada oicialista, Acción Democrática Nacional (ADN) y del Partido Social Cristiano (PSC), reiteraron que no apoyarán el pedido para realizar un proceso judicial en contra de Salazar, por considerar que este no forma parte de las «coincidencias por la gobernabilidad de la Asamblea.
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