Tras dos días de debate, el Parlamento resolvió aprobar el documento en el que aseguran que el exmandatario organizó, conoció y consintió la distracción de fondos públicos, por lo que es responsable político por malversación.
La resolución se tomó luego de que la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) propusiera ir por esta vía pues, a su criterio, no procedía votar por una censura de Lasso, porque ya no estaba en funciones.
Antes, el movimiento Revolución Ciudadana (RC) propuso una moción de censura contra Lasso, lo que despertó reacciones encontradas entre algunos legisladores, alegando que la Constitución no admite censura sin destitución y no puede haber destitución de quien ya no ejerce el cargo.
Tras largas negociaciones, la vicepresidenta y miembro de la bancada de la RC, Viviana Veloz, presentó la propuesta de responsabilizar a Lasso de peculado y en rechazo a la muerte cruzada decretada por el exgobernante un día después del juicio político, el pasado mes de mayo.
Es una censura simbólica, aseguró la asambleísta de la RC Sofía Espín y enfatizó en que ahora le corresponde a la Fiscalía General iniciar investigaciones en contra del expresidente.
El expediente del juicio político contra Lasso se remitirá a la institución judicial y a la Contraloría General del Estado, que podrían incluir la documentación en la investigación previa que ya está abierta.
Lasso nunca más, con ese reclamo los asambleístas cerraron esta tarde el proceso judicial contra el banquero, retomado este miércoles en el Legislativo luego de seis meses paralizado por la declaratoria de muerte cruzada hecha por el expresidente en mayo, mecanismo con el cual disolvió la Asamblea y convocó a elecciones anticipadas en esta nación sudamericana.
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