Hugo Vallejos y Kevin Montiel, arrestados la víspera, usaban el usuario denominado MSO empleado para esos fines cuando fue borrada esa notificación de orden internacional de captura, en la cuenta en Internet antes a nombre del comisario Víctor Hugo Flores, en el momento del hecho fuera de la sede local de esa entidad.
Dicho acceso a la red de la Organización Internacional de Policía Criminal debió desactivarse hace meses, tras dejar Flores de forma temporal sus funciones en la institución, a las que retornó en los últimos días, pero era usado en su ausencia por los citados agentes, declaró la fiscal Ruth Benítez, encargada del caso.
“Un informe enviado desde Francia por la Interpol nos confirmó que ese derecho del comisario Flores estaba activo, pero él hacía un año no prestaba servicio en dicha unidad y el usuario estaba en poder de los dos detenidos”, subrayó la funcionaria al explicar los procedimientos entre el jueves y la madrugada de hoy.
La Fiscalía –precisó Benítez- ordenó, tras revelarse la violación y el consiguiente escándalo, la detención del suboficial Montiel Sanabria y el oficial Vallejos porque eran los funcionarios privilegiados para activar o dar de baja a las notificaciones, de acuerdo con la Secretaría General de la Interpol en París.
Según la funcionaria, el caso del tercer detenido, la oficial ayudante Gabriela Vasos, fue como sospechosa de frustración a la persecución penal, ya que un día después de ocurrir el citado borrado de código rojo, ella consultó el sistema sin informar a los superiores sobre su ausencia oficial del listado.
Uno de los agentes más comprometidos con pruebas es Kevin Montiel, que figuraba entre los 14 autorizados a recibir notificaciones de la Interpol, a quien también le fueron capturados documentos sobre el caso Marset, comprometido en el operativo A Ultranza Paraguay de 2022 contra el crimen organizado.
Según la Fiscalía, en Paraguay son en total 80 las personas habilitadas con funciones para consultar las órdenes de captura, pero son solo esas 14, ahora bajo investigación, las únicas que, además de consultar, pueden solicitar y suprimir los códigos.
El ministro del Interior Enrique Riera advirtió este lunes que sería detenido y enjuiciado cualquier funcionario que protegiera al narcotraficante uruguayo, requerido por las autoridades de Asunción por el operativo A Ultranza Paraguay de 2022 contra el crimen organizado y el lavado de activos.
La expectativa sobre la presunta incursión en la nación guaraní del connotado narcotraficante se disparó con una entrevista en exclusiva, concedida en territorio paraguayo por Marset a la periodista uruguaya Patricia Martín y divulgada por la televisión de Montevideo el 23 de noviembre.
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