El pasado 27 de noviembre, el movimiento Revolución Ciudadana (RC) ingresó la solicitud formal en la Asamblea Nacional (Parlamento) por sus innumerables incumplimientos a la Constitución y a la ley, reseñó el documento.
Dijimos que nadie puede condicionar nuestro derecho a fiscalizar, por ello la bancada de la RC presentó la solicitud de juicio político en contra de la Fiscal General del Estado, manifestó la asambleísta de esa organización política Viviana Veloz, también vicepresidenta del Parlamento.
Tras la solicitud de la RC, la Fiscalía denunció que el pedido de juicio político carecía de los fundamentos requeridos para aplicar esa figura de fiscalización.
La institución judicial insinuó que el enjuiciamiento solo busca la impunidad, relacionada con casos que han sido sentenciados o que se están resolviendo en el ámbito penal.
Por otra parte, califican el pedido como un ataque más en contra de Salazar, y aseguran que la Fiscal «sabrá mostrar las pruebas suficientes en su defensa».
Entretanto, legisladores de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional y del Partido Social Cristiano reiteraron que no apoyarán el pedido para realizar un proceso judicial en contra de Salazar, por considerar que este no forma parte de las «coincidencias por la gobernabilidad de la Asamblea».
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