El tema ocupa las primeras planas en la prensa local mediante materiales de análisis y también los pronunciamientos al respecto de las autoridades nacionales, la Comunidad del Caribe (Caricom) y de los países vecinos.
Igualmente, hacen referencia a la resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la cual el viernes pasado pidió a Caracas y a Georgetown evitar acciones que compliquen el añejo diferendo ante ese órgano o hacerlo más difícil de resolver.
El Gobierno bolivariano tomó nota del pronunciamiento emitido por la Corte sobre las medidas provisionales requeridas por Guyana contra el referendo de este 3 de diciembre.
En su fallo, aprobado por unanimidad de los jueces, el máximo tribunal de la Organización de Naciones Unidas notificó también que Venezuela “deberá abstenerse de tomar cualquier medida que pueda modificar la situación que prevalece actualmente en el territorio en disputa” y “Guyana administra y ejerce control sobre esa zona”.
Ambos países suramericanos desde hace más de un siglo mantienen una polémica por ese espacio territorial de casi 160 mil kilómetros cuadrados, y en los últimas semanas subió de tono con la denuncia por la parte venezolana de licitaciones a trasnacionales petroleras en aguas no delimitadas.
Tras la petición de La Haya, la República Bolivariana el viernes ratificó su posición histórica de no reconocer la jurisdicción de dicho organismo “para dirimir la controversia territorial» en torno a la que denomina como la Guayana Esequiba.
En ese sentido, mantuvo los preparativos y la fecha de la consulta popular de este domingo.
Por su parte, Guyana recalcó que el plebiscito constituye una “amenaza existencial” y busca allanar el camino para la anexión del Esequibo a Venezuela.
Tanto sus autoridades, como las del resto de los países caribeños instaron a Caracas a acatar la resolución de la CIJ.
Incluso, Caricom abogó por apegarse al principio de mantener al Caribe como una zona de paz y no incurrir en ningún acto contrario a la tranquilidad de la región, pues lo consideró un elemento esencial para la prosperidad económica y el bienestar social de todas sus naciones miembros y las de América Latina.
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