Las intenciones eran dos: primera, impedir la candidatura presidencial de García por el partido Movimiento Ciudadano para evitar -según sus criterios- que los votos de la clase media en favor de la aspirante común Xochitl Gálvez, se corrieran al joven y carismático pretendiente del MC.
Segundo, usar su mayoría en el congreso federal de Nuevo León para imponer de gobernador a un cófrade del Prian, el exvicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez, con el apoyo de la Suprema Corte de Justicia.
Esta decidió que la escogencia del gobernador interino de Nuevo León fuera responsabilidad del congreso local en el cual esos dos partidos tienen la mayoría, y de esa manera impedir que Javier Corrales fuera el sustituto y quitarle al MC la gobernación.
Con esa decisión de la Corte, como se sabía, los legisladores aplastaron a Corrales y votaron por Orozco, violando así lo establecido que en casos como ese, el sustituto del mandatario es alguien de su propio partido, en este caso Corrales.
García reaccionó rápidamente y cuando ya se iba a instalar Orozco Suárez en la jefatura de gobierno, renunció a su candidatura y regresó al cargo para el cual fue electo por el pueblo regiomontano, y allí comenzó una fuerte, aunque breve batalla del Prian para concretar sus dos propósitos principales mencionados.
Orozco se mantuvo hasta donde pudo en su papel de gobernador interino que en verdad nunca ejerció a pesar del apoyo de la Suprema Corte, y el Prian usó todas sus armas acostumbradas, la principal el chantaje, para tratar de quebrar a García y dejar que Corrales lo sustituyera pero a cambio de concesiones inmorales.
Le presentaron una carta de 11 puntos entre los cuales una especie de indemnización mediante la asignación adelantada de 140 millones de dólares para el año que viene, suspensión por cinco años del pago de impuestos a empresarios y personas afines.
Además, desaparición de la investigación que el estado mantiene contra los priístas Francisco Cienfuegos, Adrián de la Garza y Heriberto Treviño, así como contra los panistas, Zeferino Salgado, Carlos de la Fuente, entre otros personajes que la Fiscalía General de la República les tiene abiertas carpetas.
También, el nombramiento de un magistrado de ellos como Fiscal General del estado de Nuevo León por nueve años, y otro por igual tiempo como Auditor Superior del estado. Es decir, impunidad y blindaje para seguir robando, denunció Samuel
La gran sorpresa la dio el gobernador al hacer pública la carta, y aunque no la leyó completa, los elementos de su contenido que hizo públicos, fueron suficientes para aflojar todas las tuercas y el entramado del Prian se fuera desbaratando como mueble viejo.
Ante tanta evidencia, el gobernador interino del Prian, Luis Enrique Orozco, renunció bajo el argumento muy poco creíble de que lo hacía para darle gobernabilidad al estado, por lo cual optó hacerse a un lado y dejar que el Congreso dé trámite a la reincorporación de Samuel García.
De esa manera, en el caso Nuevo León el tiro les salió por la culata al PAN y al PRI, y de paso dejaron también en ridículo a la Suprema Corte de Justicia.
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