Mediante un comunicado, la institución informó que activó el Servicio de Protección Integral (SPI) de ese territorio para articular acciones de contingencia y soporte psicológico a las posibles víctimas.
Por su parte, el alcalde de Pelileo, Gabriel Zúñiga, deberá entregar información solicitada por la cartera respecto al “estado actual de los acontecimientos y las acciones tomadas para evitar posibles violaciones a derechos humanos de la población migrante”.
Sin detallar acciones contra ningún grupo o persona, la nota oficial señala que la Policía Nacional y la Fiscalía General trabajan en la zona y siguen el caso.
Además, las autoridades indicaron que habrá controles de permanencia migratoria a cargo de la Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior.
En días pasados la comunidad de Pelileo salió a las calles para protestar por la presencia de venezolanos en la ciudad, a quienes acusan de sembrar violencia y propiciar la delincuencia.
El martes 5 de diciembre la Federación de Juntas del Campesinado marchó por ese cantón y dio 72 horas de plazo para que todo dueño de vivienda desaloje a los nacionales del país vecino, y muchos comenzaron a acatar esa “orden”.
La protesta fue en respuesta a un enfrentamiento entre venezolanos y policías, en el cual murió el sargento segundo Wilson Ortiz y también falleció uno de los delincuentes, otros cuatro están con prisión preventiva.
La prensa local habla de al menos 300 venezolanos que han salido de Pelileo y decidieron regresar a su país porque no quieren vivir en un ambiente de incertidumbre por los malos tratos.
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