Pese a consumarse tras ser aprobada por la Asamblea Legislativa (parlamento) en un año electoral, algo que algunos abogados indican es ilegal, la reducción llevó de 262 a 44 las municipalidades del país.
“¿El tema de reducción de municipios en El Salvador le genera confusión?, es la pregunta que lanzó a sus lectores LGP.
El 64 por ciento respondió “si, no lo entiendo”, el 27 por ciento apunto, “no, todo está claro” y un ocho por ciento señaló desconocer el tema. En el muestreo participaron mil 211 personas.
La medida aprobada por la Asamblea con el 67 por ciento de los 84 diputados contiene 13 artículos, entrará en vigor el 1 de mayo de 2024, al comienzo de la próxima legislatura y tres meses después de las próximas elecciones presidenciales, legislativas y municipales.
Desde entonces habrá 44 alcaldes, 44 síndicos y 372 concejales, en total 460 ediles en todo el país, cifra considerablemente menor que los tres mil actuales.
El presidente Nayib Bukele considera la aprobación de la nueva ley un hito histórico, mientras la oposición la ve como un movimiento electoralista y un paso atrás para concentrar el poder en el partido en el gobierno, Nuevas Ideas, que según previsiones perderían al menos 30 alcaldías de las que hoy controla.
Uno de los problemas que enfrenta la medida es que afecta la Reforma a Ley Crecer Juntos pues elimina que en las actuales demarcaciones debían instalar «al menos uno» de esos centros, pero Nuevas Ideas rechazó que se establecieran criterios para definir, entonces, cuántos Centros de Atención a la Primera Infancia debe haber en cada municipio.
La medida provocó esta semana un choque de opiniones en la aprobación de un paquete de reformas a la Ley Crecer Juntos, debido a la redacción final con que el oficialismo dejó la reforma y su negativa a establecer criterios objetivos para definir el tema, según legisladores.
El origen de la disputa estuvo en la obligación establecida en ley para que las municipalidades instalen y mantengan Centros de Atención de Primera Infancia (CAPI) en sus territorios, además de la ampliación en el plazo para su aplicación.
La legislación vigente dice en su artículo 144 que «las municipalidades deben instalar y mantener al menos un CAPI de carácter público y gratuito». Por tanto, debería haber al menos 262 CAPI en el país pero ahora solo se habla de 44.
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