En detalle, la solicitud del Ministerio fiscal apunta al blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y delito fiscal.
Rato, quien fuera vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía del Gobierno del conservador Partido Popular (PP) de José María Aznar, de 1996 a 2004, se marchó ese último año a dirigir el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el que permaneció hasta 2007.
La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo hoy que espera la explicación del origen de la fortuna de Rato en el juicio que arrancó este viernes.
«Este señor era el referente del PP en política económica. El milagro económico del PP terminó en la cárcel», remarcó Montero, una de las figuras del Ejecutivo de izquierdas de España que lidera Pedro Sánchez.
Sin embargo, la defensa de Rato pidió a su turno
que se anule la causa, basada en un registro que vulneró su derecho a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio.
El tercer juicio contra Rato se extenderá hasta el 23 de mayo de 2024. Las conclusiones de una instrucción que duró siete años acumuló más de 70 mil documentos, base del análisis del proceso ahora.
La abogada María Massó pidió la nulidad de las actuaciones, en especial por la entrada y registro del domicilio del acusado, que tuvo lugar en 2015, según su punto de vista, “se vulneró la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y la intimidad”.
En el otro bando, la Fiscalía asegura en su escrito de acusación haber identificado incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda, y 7,4 millones defraudados a la Agencia Tributaria.
Además, tributación de servicios profesionales a través de sus sociedades, con lo que las cuotas defraudadas ascenderían a 8,5 millones de euros.
Aparecen igualmente, según la acusación, ‘indicios racionales’ de que Rato, siendo presidente del banco Bankia (2010-2012), cobró indebidamente comisiones por los contratos de publicidad de la entidad con Publicis y Zenith, relativos a la fusión y salida a Bolsa.
El tema se convierte desde hoy en punta de lanza del Gobierno para contrarrestar los furibundos ataques de la derecha, el PP en primera fila, y su aliado de ultraderecha Vox.
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