La propuesta tiene como objetivo mejorar los ingresos de los jubilados, muchos de los cuales reciben montos por debajo de la línea de la pobreza luego de décadas de trabajo.
Desde la época de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) las cotizaciones de los trabajadores son manejadas por las empresas denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que en algunos casos son una extensión de corporaciones transnacionales.
Esas entidades lucran con los fondos bajo su cuidado y obtienen cuantiosas ganancias, pero pagan cantidades muy bajas a sus afiliados.
Uno de los puntos en desacuerdo entre el gobierno y los partidos políticos de derecha es el destino del seis por ciento adicional que deben aportar los empleadores para incrementar los ingresos de los jubilados.
La ministra de Trabajo, Jeannette Jara, anunció por las redes sociales su intención de entregar a los diputados una fórmula denominada 1-2-3.
Significa que una parte de ese seis por ciento servirá para fortalecer el empleo formal de las mujeres; dos irán al fondo de ahorro individual de los trabajadores, el cual es intocable y se puede heredar; y las tres restantes a un seguro social.
Este último tramo funcionará como un mecanismo de solidaridad para comenzar de inmediato a mejorar las retribuciones más bajas y elevar la calidad de vida de sus beneficiarios.
La derecha, sin embargo, insiste en que todo ese seis por ciento vaya directo al fondo de ahorro individual, lo cual significaría una cuantiosa inyección de capital a las AFP encargadas, como su nombre lo indica, de administrar ese dinero para su propio beneficio.
Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, llamó la víspera a la oposición a dejar de ser vagón de cola de quienes hoy no quieren que nada cambie, en alusión al extremista Partido Republicano.
“Yo creo que Chile lo que rechazó en el plebiscito es justamente esa manera de hacer política intransigente, hoy necesitamos acuerdos”, agregó.
oda/car/eam
