Este caso, que ha causado revuelo también en el ámbito judicial del país andino, se desprende de la muerte del narcotraficante Leandro Norero, asesinado en octubre de 2022 en prisión.
Según la fiscal Diana Salazar, luego de ese suceso se obtuvieron evidencias a partir del celular de Norero, quien habría montado su estrategia delictiva para evadir a la justicia con el apoyo de un grupo estructurado.
En una entrevista ofrecida al canal Teleamazonas, la funcionaria detalló que Norero habría pagado 250 mil dólares a operadores de justicia para que el exvicepresidente de la República Jorge Glas y Daniel Salcedo, ambos sentenciados por casos de corrupción, fueran liberados.
Asimismo, dijo que los audios encontrados evidenciaron que la alcaldesa del Simón Bolívar de Guayas, María Fernanda Vargas, habría ayudado con el traslado de armas al narcotraficante Norero.
La institución judicial también publicó en su página web parte de las conversaciones que mantuvo Norero con el periodista de La Posta Andersson Boscán.
En medio de la tensión política por Metástasis se suma el pedido de localización al exvicepresidente Glas, dispuesto también por Salazar, en el marco del caso de la reconstrucción de Manabí.
Glas es huésped de la embajada de México en Quito, pero la Cancillería emitió un comunicado pidiendo la intervención de las autoridades de ese país para que Glas cumpla con las diligencias investigativas.
Para la presidenta del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, el caso Metástasis es un ejemplo de cómo la Fiscalía actúa con selectividad, pues pese a conocer de la información que poseía el celular de Norero, desde hace más de un año, nunca actuó, sino hasta hoy que coincide con las fechas en que la Judicatura llevaba a cabo el concurso para la selección de jueces.
En declaraciones para la emisora Radio Pichincha, González enfatizó en que la investigación que impulsa la fiscal Diana Salazar también concuerda con el pedido de juicio político en su contra, que presentó la bancada de la RC el pasado 27 de noviembre.
La señora fiscal nos amenazó y dijo que si planteábamos el juicio político tomaría acciones de persecución política contra nuestros lideres y así lo hizo, subrayó.
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