De acuerdo con el rotativo Global News, los demandantes reafirman el propósito de las escuelas diurnas de someter a los alumnos a una asimilación cultural, además de cometer supuesto abuso psicológico, físico y sexual por parte de maestros, administradores, empleados y otros niños en estas instituciones educacionales.
El proceder legal incluye a todos los aborígenes que entre 1951 y 2014 asistieron a escuelas diurnas administradas por el gobierno local y sus juntas escolares.
La petición colectiva exige el pago de al menos 20 mil dólares en daños y perjuicios para cada persona obligada a asistir a las escuelas, así como para sus familiares directos.
Según el magistrado, la forma de administración de los centros docentes violó intencionalmente los derechos de los reclamantes a la integridad, la dignidad y la seguridad, así como a mantener y promover su vida cultural con los miembros de su comunidad, tal como lo garantiza la Carta de Derechos Humanos y Libertades de Quebéc.
Uno de los litigantes, A. Je. asistió a una escuela en la reserva en Lac Simon en 1972-1982 y refirió que fue víctima de maltrato psicológico y sexual a manos de empleados.
El documento legal precisa que los estudiantes no indígenas no fueron sujetos a la misma violencia y se les permitió atacar físicamente a los nativos.
En 2019, el gobierno federal llegó a un acuerdo con los supervivientes de los colegios para pagarles mil 470 millones de dólares.
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