El gigante asiático respondió así a las medidas unilaterales de Washington contra dos funcionarios y tres empresas del gigante asiático tras publicarse ese documento.
«Al emitir el informe, Estados Unidos una vez más difundió historias falsas sobre Xinjiang» y sancionó a compañías y personal chino «citando los llamados problemas de derechos humanos», señaló la vocera de la Cancillería Mao Ning.
La portavoz recalcó que las sanciones de la parte norteamericana constituyen una grave interferencia en los asuntos internos de China y viola el derecho internacional, así como las normas básicas de las relaciones en el mundo.
De acuerdo con Mao, la medida está diseñada para vilipendiar a China y es perjudicial para los derechos e intereses de sus funcionarios y empresas.
Beijing anunció una respuesta contra la compañía de datos de inteligencia estadounidense Kharon, «que durante mucho tiempo ha recopilado información confidencial relacionada con Xinjiang y ha proporcionado supuestas pruebas para las sanciones ilegales de Estados Unidos relacionadas con Xinjiang», dijo Mao.
Las contramedidas de la parte asiática alcanzan a Edmund Xu, director de investigaciones de Kharon, y Nicole Morgret exinvestigadora del Centro de Estudios Avanzados de Defensa.
A ambos se les prohibirá la entrada a la nación asiática, adelantó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
«China congelará la propiedad de Kharon y de las dos personas aquí, incluidos sus bienes muebles e inmuebles, y prohibirá a las organizaciones e individuos en China realizar transacciones y cooperar con ellos», subrayó Mao.
La Cancillería instó a Washington a no difamar sobre el gigante asiático y a retirar las sanciones contra sus empresas y funcionarios.
Si Estados Unidos se niega a cambiar de rumbo, China no se inmutará y responderá de la misma manera, enfatizó.
La región autónoma uigur, ubicada en el noroeste, es frecuentemente usada por Occidente para lanzar acusaciones contra Beijing sobre el presunto maltrato a las minorías étnicas, la existencia de trabajo forozoso y campos de reeducación.
China siempre rechazó esos señalamientos y aseguró que las políticas aplicadas en Xinjiang buscan combatir el terrorismo y la radicalización, pero también ayudar al desarrollo socioeconómico de su población.
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