Por Nayara Tardo
Corresponsal de Prensa Latina en Ecuador
El 20 de agosto los ecuatorianos acudieron a las urnas para elegir también vicepresidente y asambleístas en unas inéditas elecciones anticipadas que se desarrollaron en medio de una escalada de violencia atribuida al crimen organizado y al abandono social.
En la carrera por la primera magistratura estuvieron ocho candidatos, entre ellos Luisa González, del movimiento correísta Revolución Ciudadana; el exvicepresidente Otto Sonnenholzner, de la alianza Actuemos; Jan Topic, de la coalición Por un país sin miedo, y el joven Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional.
También concursaron Yaku Pérez, de la alianza Claro que se puede; Xavier Hervas, del movimiento Renovación Total (RETO); el periodista Christian Zurita, quien reemplazó al asesinado Fernando Villavicencio; y Bolívar Armijos, de la agrupación Amigo.
UNA CAMPAÑA ELECTORAL SANGRIENTA
Los sufragios en esta nación sudamericana se desarrollaron en medio de una ola de inseguridad que incluso costó la vida al candidato presidencial Villavicencio el pasado 9 de agosto, cuando sicarios lo acribillaron a balazos al salir de un mitin.
El suceso impactó el escenario político nacional y causó interrogantes sobre posibles cambios en el tablero electoral a pocos días de los sufragios.
Para el dirigente de la organización civil Asamblea Nacional Ciudadana (ANC) Pablo Iturralde, el asesinato de Villavicencio fue algo planificado ante la posibilidad de que grupos oligárquicos pudieran perder frente a la candidata progresista (hasta ese momento primera en las encuestas) Luisa González del movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Según Iturralde, los grandes medios privados presentaron el crimen «resaltando las denuncias y enfrentamientos contra el correísmo”, con lo cual ayudaron a generar la idea de que la RC tendría responsabilidad en esos acontecimientos.
Ante dicho panorama, los aspirantes centraron sus campañas en ofertas para enfrentar el auge de la delincuencia y el crimen organizado, principal preocupación de la ciudadanía que sufre con homicidios, robos, asaltos, secuestros, extorsiones y otros delitos.
RESULTADOS QUE LLEVARON AL BALOTAJE INESPERADO
Como estaba previsto en el cronograma electoral los comicios se desarrollaron el 20 de agosto en medio de un estado de excepción decretado por el Gobierno con unos 100 mil policías y militares desplegados en las calles y centros de votación.
Sin embargo, los resultados de las votaciones desembocaron en un balotaje inesperado entre la aspirante de la RC, Luisa González, y Daniel Noboa, de ADN.
González, quien quedó en primer lugar con casi 33 por ciento, contó con las mayores intenciones de voto en las encuestas y competía con la posibilidad de ganar sin necesidad del segundo turno, mientras los otros siete candidatos se disputaban un espacio en el eventual balotaje.
Pocos contaban con que Noboa, exlegislador y empresario de 35 años de edad, resultara el otro contendiente en la disputa decisiva; escoltó a la ganadora de la primera fase con 24 por ciento de los votos.
A raíz del asesinato del candidato Villavicencio, el escenario electoral cambió y comenzaron a ganar aceptación aquellos aspirantes al Ejecutivo que prometían más mano dura contra la delincuencia y el crimen organizado.
Noboa no estaba entre ellos. El gran impulso a su candidatura llegó luego del debate presidencial televisado el 13 de agosto, cuando se mostró aplomado y habló con seguridad, lo cual lo catapultó a ese puesto para la segunda vuelta.
El exmandatario Correa afirmó en ese momento que serían dos modelos los que se enfrentarían en las urnas: el empresarial, que impulsaba Noboa, frente al popular y ciudadano, de González.
ESTA VEZ NO LO LOGRAMOS
Esta vez no lo logramos, así se pronunció el expresidente Correa el 15 de octubre para lamentar la derrota de González, cuando obtuvo 47,79 puntos porcentuales frente a los 52,21 por ciento de los votos válidos alcanzados por Noboa.
Correa denunció que el asesinato de Villavicencio incidió en los resultados, pues el suceso evitó la victoria de la Revolución Ciudadana, dijo.
Ese día, con más del 90 por ciento de las actas contabilizadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el representante de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN) e hijo de uno de los empresarios más ricos de la nación, se convirtió en el presidente electo más joven de Ecuador.
El triunfo impactó en los sectores que depositaron en la RC, liderada por Correa, la esperanza de retomar un rumbo progresista para la nación que, además de la ola de violencia, sufre problemas en la economía.
No obstante, la propia González ofreció al mandatario electo que podía contar con la RC para reconstruir el país, aunque enfatizó que sus votos en la Asamblea Nacional no aceptarían propuestas como la privatización de la salud o la educación.
RETOS PARA UN CORTO MANDATO EN ECUADOR
Desde el pasado mes octubre, Noboa tendrá unos 16 meses para enderezar al país inmerso en múltiples crisis, aunque muchos creen que sus propuestas están lejos de ser idóneas.
Su gobierno genera una gran expectativa, si bien expertos vaticinan que el modelo conservador y oligárquico predominará en su gestión.
Para la socióloga y comunicadora Irene León, su proyecto es neoliberal, mercantil, pretende ocupar el espacio del Estado para sus fines empresariales, y su llegada al Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, sin dudas dice por dónde irá el país en el próximo año y medio, enfatizó a Prensa Latina.
León considera que “Noboa llegó al poder como resultado del «marketing» político, es decir, debido a la capacidad de comprar servicios comunicacionales, principalmente digitales, y movilizar una imagen, independientemente de sus propuestas de Gobierno”.
La ola de inseguridad en Ecuador es el principal desafío que enfrentará Noboa, quien recibió una nación con más de seis mil asesinatos en el presente año, incluido un candidato a la presidencia, alcaldes y funcionarios públicos.
El joven empresario anunció que implementará un denominado Plan Fénix que consiste en crear una central única de inteligencia y equipar con armas y tecnología a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Pero hasta el momento, la única acción de Noboa ha sido remover parte de la cúpula policial y militar y hasta el momento ni siquiera ha designado un ministro del Interior y quien está a cargo de la cartera es la titular de Gobierno, Mónica Palencia.
Durante su campaña electoral, Noboa habló también de implementar cárceles barcazas para los reclusos más peligrosos, una idea considerada prácticamente imposible de materializar, sobre todo por el alto costo.
Recientemente, anunció que a partir de enero implementará una reforma carcelaria ante el descontrol existente en los centros penitenciarios del país.
Aunque no dio detalles sobre los cambios en el sistema penitenciario, sí indicó que a partir de la primera quincena del próximo mes comenzarán a transformar las prisiones y reiteró que reos extranjeros “serán expulsados del país inmediatamente”, para conseguir mayor orden en las cárceles.
Por otro lado, esta nación andina vive una crisis energética luego de años sin inversiones en ese sector y corresponderá a Noboa hacer frente a la oscuridad de los apagones y buscar una solución.
A propósito, el jefe del Ejecutivo envió al Legislativo un proyecto de ley de carácter urgente para superar la situación en el sector eléctrico.
El denominado proyecto de Ley de Competitividad Energética señala que la crisis del sector eléctrico causará pérdidas económicas superiores a los 600 millones de dólares hasta finales de año, por lo que la iniciativa gubernamental plantea reformas a otras normas y propone la creación de un fondo de eficiencia energética que abarque campañas de ahorro, proyectos de recambios de equipos, maquinarias y electrodomésticos.
Antes, el Parlamento había aprobado el primer proyecto de ley urgente remitido por Noboa y que constituye una reforma tributaria que plantea, entre otras cosas, la condonación de multas, intereses y recargos de contribuyentes que paguen la totalidad de las deudas vencidas al Servicio de Rentas Internas (SRI) hasta la fecha en que entre en vigencia la norma, prevista para 2024.
Analistas consideran que, si bien la aprobación de la Ley representa una victoria política para el Gobierno y demuestra la posibilidad de un diálogo, no resuelve la severa crisis fiscal por la cual atraviesa Ecuador.
Diversas organizaciones sindicales rechazaron ese proyecto de ley económica y calificaron como traición su aprobación en la Asamblea Nacional, pues consideran que bajo argumentos engañosos beneficia única y exclusivamente a los grandes grupos de poder, entre ellos las empresas del presidente Noboa y su familia.
Según un estudio de la encuestadora Comunicaliza, 37 por ciento de los ecuatorianos tiene esperanzas sobre el futuro del país, mientras que el 41 por ciento mantiene un sentimiento optimista.
Sin embargo, existen pocas luces sobre cómo en la práctica el joven mandatario Noboa encauzará tamaños problemas que, como afirman analistas y ciudadanos, son imposibles de resolver en poco más de un año.
arc/nta
