Durante la sesión, que tuvo lugar de manera virtual, compareció la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, quien defendió la medida luego de que el sector estuviera abandonado en los últimos años.
Arrobo insistió en que el proyecto es urgente ya que han recibido «un sector en terapia intensiva», con apagones (suspendidos temporalmente hasta el 1 de enero) debido a la baja capacidad de generación en medio del estiaje y a la falta de previsión de las autoridades anteriores.
El asambleísta Blasco Luna, de la Revolución Ciudadana (RC) y vicepresidente de la Comisión, apuntó que la iniciativa gubernamental no resolverá los problemas de energía de manera inmediata y llamó a fiscalizar las negociaciones del Gobierno saliente, pues «los responsables deben ir presos».
La ministra reconoció que la Ley no solucionará la crisis a corto plazo, porque “es estructural».
La legisladora Viviana Veloz, también de la RC y vicepresidenta primera del parlamento, interrogó a la ministra sobre la posible modificación de la tarifa eléctrica, que «al parecer tiene más tendencia a favorecer a las grandes industrias que a los pequeños hogares».
La titular afirmó que la medida no prevé modificar las tarifas y señaló que tampoco habla de privatización, sino de articulación con el sector privado para garantizar el servicio, aunque advirtió que el Estado no cuenta con los recursos para hacerse cargo de las inversiones necesarias.
Por su parte, Franklin Samaniego pidió mayor claridad sobre la condonación de deudas eléctricas justo cuando esa área necesita más fondos para enfrentar la crisis.
La representante del Ejecutivo detalló que la deuda empresarial con el Estado asciende a 519 millones de dólares, y de aprobar la normativa serían condonados 78,96 millones de dólares.
Arrobo explicó también que uno de los puntos más importantes del proyecto es la creación de un fondo de eficiencia energética para financiar cambios de equipos y electrodomésticos con alto consumo de electricidad en los hogares, entre ellos motores, bombas, calderas y calentadores eléctricos.
En próximas reuniones, la mesa legislativa recibirá a expertos y autoridades del sector energético para elaborar el informe que pasará al plenario para un primer debate.
Por ser de carácter urgente, la Asamblea Nacional tiene hasta el 19 de enero de 2024 para aprobar, modificar o negar la ley.
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