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Consulta popular en Ecuador podría costar 55 millones de dólares

Quito, 5 ene (Prensa Latina) La realización de la consulta popular en Ecuador propuesta por el presidente Daniel Noboa podría costar alrededor de 55 millones de dólares en medio de la crisis presupuestaria que sufre hoy el Estado.

El miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE) José Cabrera informó que el organismo está operativamente listo y el personal capacitado para organizar el proceso consultivo, sin embargo, todavía el Ministerio de Finanzas les debe 20 millones de dólares de los comicios pasados.

De esa cantidad, siete millones sería para el Instituto Geográfico Militar, encargado de la impresión de las papeletas, precisó Cabrera.

También explicó que una vez superada la revisión de las preguntas propuestas por el Ejecutivo en la Corte Constitucional, el pedido de consulta popular se publicará en el Registro Oficial y de inmediato empezarán a correr los 15 días para convocar a las urnas y 60 días para desarrollar la votación.

La proyección es que el sufragio se convoque para finales de marzo o inicios de abril de este 2024.

Para llevar a cabo el procedimiento el CNE requerirá contratar a unas 40 mil personas y el Gobierno deberá enviar el presupuesto para iniciar la contratación de servicios, añadió Cabrera.

Esta semana el presidente Noboa dio a conocer el contenido de 11 preguntas y hoy anunció que podría enviar otros cuestionamientos a la Corte para su revisión.

La propuesta del gobernante ha generado diversas opiniones en esta nación sudamericana y la catalogan como inoportuna, innecesaria y errática.

La mayoría de las preguntas están relacionadas con el papel del Ejército en el enfrentamiento al crimen organizado, proponen que los militares se unan a las labores de control de armas y municiones y que determinados delitos, como terrorismo, asesinato, delincuencia organizada, entre otros, sean sancionados con la pena máxima.

Esos temas, señalan políticos y observadores, pueden ser resueltos mediante reformas en el legislativo, sin necesidad de gastar dinero en convocar a las urnas.

Otra de las interrogantes -ampliamente cuestionada- es la que propone el regreso de los casinos, salas de juegos y apuestas, negocios que a gran escala facilitan el lavado de activos y el ocultamiento de recursos provenientes de actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado, advierten analistas.

rgh/avr

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