Salazar acusa a Glas de cometer el presunto delito de peculado en las obras públicas ejecutadas en la provincia de Manabí luego del terremoto de 2016.
Según la fiscal, 90 millones de dólares destinados para ese fin fueron ocupados en proyectos que no tenían la condición de urgentes.
Por esa razón, pidió al juez Luis Rivera dictar prisión preventiva para Glas y también para Carlos Bernal, otro de los exfuncionarios acusados en el caso llamado Reconstrucción de Manabí.
La audiencia de este viernes se instaló, pese a que la defensa del exvicemandatario recusó al magistrado Rivera, de la Corte Nacional de Justicia, por no considerarlo imparcial debido a una «enemistad manifiesta».
Sin embargo, Rivera decidió rechazar la solicitud y dio inicio a la sesión, que tras la presentación de los alegatos de acusación fue suspendida hasta la tarde para escuchar a los procesados o a sus abogados.
Ante lo que considera una persecución política, el exvicegobernante solicitó asilo de manera oficial al gobierno mexicano, mientras permanece desde el domingo 17 de diciembre en la sede diplomática de dicha nación en Quito.
El gobierno ecuatoriano advirtió que deploraría un posible otorgamiento del asilo por parte de México y detalló que actuaría con toda firmeza en ese caso.
Uno de los abogados de Glas, Eduardo Franco Loor, asegura que son fraudulentos y constituyen persecución política los procesos contra quien fue vicepresidente de Rafael Correa (2007-2017) y reelecto como binomio de Lenín Moreno (2017-2021).
El antiguo vicegobernante, considerado uno de los símbolos del “lawfare” en Ecuador, recibió el beneficio de la prelibertad el 28 de noviembre de 2022, luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos, respectivamente.
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