En la diligencia, el juez también dispuso la prohibición de salida del país y de enajenar bienes por 122 492 millones de dólares, así como la retención de cuentas bancarias de los procesados.
Luego de cerca de dos horas de deliberación, el magistrado acogió el pedido de la fiscal general, Diana Salazar, de capturar el exvicegobernante, acusado del presunto delito de peculado en el caso Reconstrucción de Manabí.
La fiscal acusa a Glas de cometer el presunto delito de peculado en las obras públicas ejecutadas en la provincia de Manabí luego del terremoto de 2016.
Según Salazar, 90 millones de dólares destinados para ese fin fueron ocupados en proyectos que no tenían la condición de urgentes.
Ante lo que considera una persecución política, el exvicegobernante solicitó asilo de manera oficial al gobierno mexicano, mientras permanece desde el domingo 17 de diciembre en la sede diplomática de dicha nación en Quito.
El gobierno ecuatoriano advirtió que deploraría un posible otorgamiento del asilo por parte de México y detalló que actuaría con toda firmeza en ese caso.
Uno de los abogados de Glas, Eduardo Franco Loor, asegura que son fraudulentos y constituyen persecución política los procesos contra quien fue vicepresidente de Rafael Correa (2007-2017) y reelecto como binomio de Lenín Moreno (2017-2021).
El antiguo vicegobernante, considerado uno de los símbolos del “lawfare” en Ecuador, recibió el beneficio de la prelibertad el 28 de noviembre de 2022, luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos, respectivamente.
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