Tras una reunión urgente del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), convocada por el presidente Daniel Noboa, el secretario de Comunicación de la Presidencia, Roberto Izureta, reveló que hasta el momento desconocen el paradero del líder de la banda delincuencial Los Choneros, considerada una de las más peligrosas del país andino.
Fito, quien se encontraba detenido en la cárcel de máxima seguridad de la ciudad costera de Guayaquil, era buscado este domingo allí para un supuesto traslado a otro centro penitenciario, sin embargo, no fue encontrado en el lugar donde debía estar, confirmó el comandante General de la Policía Nacional, César Zapata.
La fuga del narcotraficante ocurrió en momentos en que el Ejecutivo calificó de exitoso su denominado Plan Fénix de seguridad y luego del anuncio del mandatario de construir dos nuevos centros carcelarios en las provincias de Pastaza y Santa Elena.
Varios sectores de esta nación sudamericana cuestionaron el proyecto de seguridad de Noboa y su propuesta de consulta popular con la que, según el gobernante, pretende devolver la tranquilidad y las fuentes de empleo a los ecuatorianos.
Tomen decisiones, declaren en emergencia el sector, recuperen la institucionalidad, no espere a la inútil consulta y demuestre el liderazgo que el país necesita, denunció el movimiento Revolución Ciudadana (RC) en un comunicado luego de la fuga del líder de Los Choneros.
El bloque de esa organización política se comprometió a empujar las reformas legales que se incluyen en la consulta popular para que en menos de 60 días puedan tratarse y aprobarse en la Asamblea Nacional.
A propósito, la Unión Nacional de Educadores (UNE) coincidió en que la propuesta de referendo puede ser resuelta a través de reformas jurídicas pues la mayoría de sus temas están siendo abordados ya en el Parlamento.
En este sentido los docentes sugirieron que los más de 50 millones de dólares que serán usados en la consulta sean invertidos en políticas públicas y planes de prevención para que los niños y jóvenes aquí dejen de ser reclutados por las bandas delincuenciales.
Ecuador sufre una crisis de inseguridad que el Gobierno atribuye a las disputas de las bandas por el control del tráfico de drogas, mientras la ciudadanía exige al Ejecutivo acciones concretas para frenar los hechos delictivos que el pasado año dejaron casi cinco mil muertes violentas.
Desde 2020 las cárceles ecuatorianas son escenarios de disturbios, en los cuales murieron más de 450 privados de libertad.
La ola de violencia en esta nación sudamericana se debe en gran medida a lo que ocurre en las prisiones, controladas internamente por bandas criminales.
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