El equipo de abogados internacionales de Glas, representado por el bufete belga Juscogens, emitió un comunicado en el que niega cualquier relación con el caso Metástasis o un supuesto pago por la libertad del exvicegobernante.
Según la Fiscalía, el narcotraficante Leandro Neorero, asesinado en octubre de 2022, pagó por la salida de Glas de prisión, lo cual ocurrió el 28 de noviembre de ese año, o sea, después de la muerte del criminal.
“Esta situación es presentada como parte de una campaña de desprestigio y criminalización mediática, sin una vinculación formal probada”, afirmó la defensa.
Además, rechaza la negativa de prelibertad, una decisión basada en el incumplimiento de actividades grupales, aún cuando Glas permanecía en un aislamiento forzado por razones de seguridad y salud.
Los abogados también señalan posibles motivaciones políticas en relación con el denominado caso Reconstrucción de Manabí, dentro del cual le piden prisión preventiva ante un presunto peculado por la realización de obras públicas en esa provincia tras el terremoto de 2016.
Ante lo que considera una persecución, el exvicegobernante solicitó asilo de manera oficial al gobierno mexicano, mientras permanece desde el domingo 17 de diciembre en la sede diplomática de dicha nación en Quito.
El gobierno ecuatoriano advirtió que deploraría un posible otorgamiento del asilo por parte de México y detalló que actuaría con toda firmeza en ese caso.
El antiguo vicegobernante, considerado uno de los símbolos del “lawfare” en Ecuador, recibió de forma temporal el beneficio de la prelibertad el 28 de noviembre de 2022, luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos, respectivamente, sin embargo, la medida fue revocada.
jha/avr
