Es responsable con nuestros mandantes, en el momento de crisis total que vive el país, presentar soluciones rápidas que brinden una salida viable y por ello presentamos un proyecto de ley reformatoria que atiende las preguntas de la consulta popular, indicó la RC en un comunicado divulgado este lunes.
El movimiento político invitó a otras organizaciones a sumarse “de manera patriota” a esta iniciativa , cuyo objetivo principal es ahorrar 60 millones de dólares a Ecuador, valor estimado que tendría someter a votación las preguntas que propone el Gobierno del presidente Daniel Noboa.
Para la RC, su proyecto le daría al mandatario las herramientas para detener “el desangre en el que vivimos” y, a su vez, el ahorro económico serviría para contratar más policías, comprar equipamiento, reforzar el sistema de inteligencia en las cárceles y otras acciones urgentes.
La semana pasada, Noboa dio a conocer el contenido de 11 preguntas enviadas a la Corte Constitucional para su revisión, requisito indispensable para convocar al proceso consultivo.
La idea del gobernante de regresar a las urnas ha generado diversas opiniones en esta nación sudamericana y la catalogan como inoportuna, innecesaria y errática.
La mayoría de las preguntas están relacionadas con el papel del Ejército en el enfrentamiento al crimen organizado, proponen que los militares se unan a las labores de control de armas y municiones y que determinados delitos, como terrorismo, asesinato, delincuencia organizada, entre otros, sean sancionados con la pena máxima.
Esos temas, señalan políticos y observadores, pueden ser resueltos mediante reformas en el legislativo, sin necesidad de gastar dinero en convocar a las urnas.
En la mañana de hoy, el secretario de Comunicación del Gobierno, Roberto Izurieta, defendió la consulta como forma de acortar plazos, pues en su opinión los procedimientos en la Asamblea Nacional son demorados y es necesario cuanto antes poner en práctica esas medidas.
Otra de las interrogantes es la que sugiere el regreso de los casinos, salas de juegos y apuestas, negocios que a gran escala facilitan el lavado de activos y el ocultamiento de recursos provenientes de actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado, advierten analistas.
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