Los cuestionamientos abarcan temas como la extradición de delincuentes, la revocatoria inmediata de las concesiones mineras ilegales, permitir al Ejecutivo presentar al Legislativo proyectos urgentes de asuntos de interés nacional, e indultos para policías y militares.
Asimismo, las interrogantes se refieren a la regulación de recursos judiciales como acciones de protección o hábeas corpus, arbitrajes internacionales para atraer la inversión, jueces especializados para policías y militares, así como el trabajo por horas.
Según el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, con este nuevo cuestionario se recoge el «clamor ciudadano» y los aportes hechos en estos días por académicos, grupos sociales y políticos que criticaron el primer pliego de preguntas.
Inicialmente, el presidente Daniel Noboa remitió 11 preguntas a la Corte Constitucional, sin embargo, el organismo aún no se ha pronunciado.
Ese primer paquete acumuló calificativos como errático e innecesario, pues abarca asuntos que pueden tratarse en la Asamblea Nacional (Parlamento) sin necesidad de realizar el proceso consultivo, el cual costaría alrededor de 60 millones de dólares.
Otra de las interrogantes es la que sugiere el regreso de los casinos, salas de juegos y apuestas, negocios que a gran escala facilitan el lavado de activos y el ocultamiento de recursos provenientes de actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado, advierten analistas.
En la mañana de hoy, la bancada legislativa del movimiento Revolución Ciudadana (RC), anunció la presentación de un proyecto de ley que incluye los temas tratados en la consulta popular impulsada por el Ejecutivo para evitar “desperdicio de dinero”.
Para la RC, su propuesta le daría al mandatario las herramientas para detener “el desangre en el que vivimos” y, a su vez, el ahorro económico serviría para contratar más policías, comprar equipamiento, reforzar el sistema de inteligencia en las cárceles y otras acciones urgentes.
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