La medida, que encuentra rechazo en la mayoría de las Comunidades Autónomas lideradas por el conservador Partido Popular (PP) y su socio de ultraderecha Vox, trajo a la memoria la similar resistencia que tuvo esta y otras iniciativas durante la pandemia de la Covid-19 en España.
Seis regiones se adelantaron al decreto nacional ante sus situaciones particulares, a la sazón Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón, junto con Asturias y Canarias, que se añadieron después.
La ministra de Sanidad, Mónica García, que es médico de profesión, defendió la medida al subrayar sus bases científicas.
‘Hablamos de ponerte una mascarilla cuando entras en un centro de salud y de quitártela cuando sales (…) no creo que sea ningún drama, es una medida de primer orden básica y sencilla’, argumentó García.
La víspera, luego de no llegar a acuerdos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el Ministerio a cargo dio un plazo de 48 horas a las comunidades para presentar alegaciones a su propuesta, que concluye mañana.
De todas formas, la titular siguió adelante con el restablecimiento de las mascarillas de forma parcial y pidió al PP a aclarar su posición sobre una idea de primer orden para proteger a la población y a los profesionales sanitarios de las infecciones respiratorias.
El Ministerio de Sanidad busca completar una declaración coordinada, que incluye limitar horarios o prohibir fumar en la calle, recogido en el artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, junto con dar soporte jurídico a las comunidades que optaron por hacerla obligatoria en centros de salud y hospitales.
En España con la llegada del invierno y las fiestas de Navidades, fin de año y Reyes Magos, se da un alarmante brote de gripe A, el virus respiratorio sincitial (VRS), causante de las bronquiolitis y Covid-19, que algunos expertos califican de ‘tripledemia’.
mem/ft
