El sistema vigente fue creado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y está en manos de empresas particulares llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), varias de ellas pertenecientes a corporaciones financieras transnacionales.
Estas empresas funcionan como un monopolio que recibe las cotizaciones de los trabajadores, lucran con ellas y obtienen ganancias, sin embargo, pagan jubilaciones por debajo del salario mínimo o, incluso, inferiores a la línea de pobreza.
Reformar esta estructura fue uno de los objetivos principales del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, pero chocó con la oposición de derecha.
Uno de los pocos avances fue que los empleadores aporten un seis por ciento adicional al fondo de pensiones, no obstante la distribución de ese dinero está en disputa.
Recientemente la ministra de Trabajo, Jeannette Jara, hizo la propuesta de destinar una parte a potenciar el empleo de las mujeres, dos a las cuentas individuales de los trabajadores y el resto para incrementar las pensiones más bajas.
Mientras, la derecha insiste en que todo vaya a las cuentas individuales, las cuales son manejadas por las AFP, que recibirían de manera gratuita una importante inyección de capital.
Las negociaciones están ahora centradas en un nuevo esquema, el cual consiste en enviar el 50 por ciento al fondo particular de los cotizantes y la otra mitad convertirla en un préstamo al Estado para que éste la administre de la manera más equitativa posible.
El titular de Hacienda, Mario Marcel, dijo este jueves que es una alternativa interesante, sin embargo la oposición aseguró no tener razones para aprobar la reforma.
La comisión legislativa de Trabajo tiene hasta el próximo 15 de enero para despachar al plenario de la Cámara de Diputados un proyecto de ley de Reforma Previsional, pero el tiempo transcurre sin conseguir avances.
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