Esta nueva propuesta busca extinguir los beneficios económicos asociados a la criminalidad, fortalecer la economía, promover la seguridad ciudadana y la justicia social, así como mejorar la transparencia y concurrencia de la contratación pública.
La iniciativa tiene 66 artículos, los cuales reformarían al menos seis leyes vigentes.
La disposición plantea que la declaración de titularidad a favor del Estado mediante sentencia de autoridad judicial cuando no se pueda justificar el origen lícito de los activos, sin compensación alguna para su titular.
Por otro lado, juristas alertan que de ser aprobada la ley, serían innecesarias dos de las preguntas enviadas a la Corte Constitucional para someter a consulta popular, específicamente las relativas a la extinción de dominio y a la incautación de armas.
La Constitución permite al mandatario remitir al legislativo dos proyectos económicos urgentes de forma simultánea cuando el país está bajo estado de excepción, como es el caso.
Por tratarse de proyecto con carácter de urgente, la Asamblea tiene un plazo de 30 días para su análisis.
Esta nueva propuesta del Ejecutivo llega cuatro días después del proyecto que propone subir del 12 al 15 por ciento el Impuesto al Valor Agregado (IVA), medida para financiar las acciones de seguridad en el marco de la declaración de conflicto armado interno, pero sin respaldo popular ni político.
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