La iniciativa, adoptada por ocho votos a favor y cinco en contra, pide reemplazar las AFP por el Inversor de Pensiones del Estado (IPE) y el Administrador Previsional Autónomo (APA).
El primero se conformará como una sociedad anónima y competirá con los inversores privados, mientras el segundo se encargará de gestionar las cuentas de todos los afiliados, recaudar las cotizaciones y entregar las jubilaciones.
Esta propuesta se adoptó gracias a que los partidos de Gobierno obtuvieron el apoyo de la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Radical.
El oficialismo, por su parte, cedió en su propuesta y acogió una iniciativa de la DC de dividir en dos partes iguales el seis por ciento adicional que los empleadores deben entregar para mejorar los ingresos de los retirados.
Es decir, el tres por ciento de ese dinero irá a las cuentas particulares de los trabajadores y el resto a un mecanismo solidario manejado por una entidad público-privada.
La reforma previsional impulsada por el Ejecutivo fue aprobada anteriormente por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, con lo cual se dio un paso importante después de años de inmovilismo.
No obstante, aún tiene un largo y arduo camino en el Congreso, donde cuenta con el rechazo de la oposición.
De acuerdo con el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, la intención de la derecha de no legislar es impresentable e irresponsable, porque ello provocaría que el proyecto no se vuelva a discutir en un año más.
“Es una realidad que en Chile las pensiones son bajas para millones de personas que están esperando hace más de 10 años una reforma previsional”, dijo Reyes.
Según datos oficiales, 72 por ciento de los retiros en Chile son inferiores al salario mínimo y uno de cada cuatro jubilados recibe un monto por debajo de la línea de pobreza.
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