La iniciativa, cuarta enviada por el mandatario con carácter urgente a la Asamblea Nacional, incumple con requisitos específicos de ese tipo de textos, señaló esta semana la Unidad Técnica Legislativa (UTL).
No obstante, la decisión de aceptar o no el inicio del trámite parlamentario corresponde al CAL y, de admitirlo, primero se debatiría en una comisión y luego en el plenario, todo en 30 días.
Se esperaba que este jueves el CAL decidiera, pero la sesión quedó suspendida y reprogramada para la noche de mañana.
La asambleísta Esther Cuesta, de la Revolución Ciudadana y miembro del CAL, afirmó que el texto propuesto por el jefe del Ejecutivo no cumple con los requisitos para considerarla de carácter urgente.
Si de verdad Noboa quiere enfrentar el conflicto armado interno vía normativa, debe hacer bien la tarea y presentar un nuevo proyecto de ley, afirmó la legisladora.
Con la nueva propuesta de Noboa busca extinguir los beneficios económicos asociados a la criminalidad, fortalecer la economía, promover la seguridad ciudadana y la justicia social, así como mejorar la transparencia y concurrencia de la contratación pública.
La iniciativa tiene 66 artículos, los cuales reformarían al menos seis leyes vigentes.
La disposición plantea que la declaración de titularidad a favor del Estado mediante sentencia de autoridad judicial cuando no se pueda justificar el origen lícito de los activos, sin compensación alguna para su titular.
Por otro lado, juristas alertan que de ser aprobada la ley, serían innecesarias dos de las preguntas enviadas a la Corte Constitucional para someter a consulta popular, específicamente las relativas a la extinción de dominio y a la incautación de armas.
La Constitución permite al mandatario remitir al legislativo dos proyectos económicos urgentes de forma simultánea cuando el país está bajo estado de excepción, como es el caso.
Actualmente, la Comisión de Desarrollo Económico debate la propuesta que propone subir del 12 al 15 por ciento el Impuesto al Valor Agregado (IVA), medida para financiar las acciones de seguridad en el marco de la declaración de conflicto armado interno, pero sin respaldo popular ni político.
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