Así lo denunció Augusto Verduga, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), quien busca fiscalizar al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), entidad encargada de administrar las prisiones.
La idea es verificar lo que está ocurriendo en los centros penitenciarios basados en el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2021, que en ese entonces realizó recomendaciones a Ecuador y se refirió al descontrol estatal en las prisiones, señaló Verduga.
Según el consejero, existe una autogobierno de los detenidos dentro de las cárceles y eso sucede porque están distribuidos en función de su afiliación a una u otra organización delictiva, “eso viola estándares internacionales”.
Quería desde el Cpccs exigir al SNAI una rendición de cuentas ante este problema, pero mis colegas se ausentaron a la sesión para conformar una veeduría ciudadana, lamentó Verduga.
Ecuador enfrenta una crisis carcelaria que ha dejado en los últimos tres años más de 400 reclusos muertos en motines al interior de las penitenciarias.
Esa violencia se ha trasladado a las calles, donde las bandas delictivas se disputan territorios y rutas para el narcotráfico, muchas veces lideradas desde dentro de las prisiones.
Para hacer frente a la problemática una de las propuestas del presidente Daniel Noboa es construir dos nuevas cárceles, aunque según la socióloga Alejandra Delgado, eso no es la solución, porque el problema no es de estructura sino de cómo se concibe el sistema de rehabilitación social.
En una entrevista con la emisora Radio Pichincha recordó que existe una sobrepoblación penitenciaria, pero no se soluciona con más cárceles, sino con una política orientada hacia la prevención.
El actual escenario de conflicto armado interno, decretado por el mandatario, llegó poco después de la fuga del cabecilla de la banda Los Choneros, Adolfo Macías, alias Fito, cuya familia fue hallada en Argentina y será deportada a Ecuador.
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