Los dueños de la fábrica, ubicada en el cantón Rumiñahui, en las afueras de Quito, desde 2022 decidieron detener la producción, sin embargo, se niegan a pagar las liquidaciones a sus empleados, contó a Prensa Latina el activista Ernesto Flores, quien sigue de cerca la causa.
Por su parte, Camilo Díaz, nieto de uno de los 22 afectados, declaró a la emisora Radio Pichincha que la empresa no los desvinculó justamente para evitar pagar las liquidaciones y los ha mantenido en la incertidumbre.
Según las denuncias, el Ministerio de Trabajo no ha hecho cumplir la ley a la compañía y mantienen oídos sordos ante la situación de los trabajadores, que reclaman el pago de los sueldos adeudados desde mayo del 2022 y las aportaciones correspondientes al seguro social.
En la prensa local de Ecuador pocos se han hecho eco de este caso, que evidencia el abandono en el cual quedan muchos empleados tras el cierre o la quiebra de las firmas para las que laboran.
En una situación similar se encuentran trabajadores de los medios de comunicación Gama, El Comercio, CanalUNO y Telerama, cuyos derechos son vulnerados de forma similar, según denunció este jueves la asambleísta de la Revolución Ciudadana Marcela Holguín.
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