El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos exigió a la Defensoría del Pueblo información sobre las actuaciones de las autoridades ante los tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles, en el marco de sus competencias y por mandando de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas.
Desde el Centro de Documentación en Derechos Humanos Segundo Montes Mozo S.J. se preguntan qué papel desempeña la Defensoría del Pueblo en el actual estado de excepción y conflicto armado interno en el país.
Las autoridades informaron que detuvieron ya más de dos mil personas, 158 presuntos terroristas y muchos se preguntan dónde se encuentran y cuál es su condición legal.
El Comité de Familiares por Justicia en Cárceles afirma haber recibido reportes de prácticas de tortura ejercidas por las Fuerzas Armadas contra personas privadas de libertad.
Amenazas, amedrentamientos, ataques, golpes y privación de agua y alimentación, precisa el Comité, cuyos integrantes realizan plantones en los exteriores de las prisiones para reclamar el cese de los abusos contra sus seres queridos que permanecen tras las rejas.
Este escenario no abona en la lucha contra la violencia, mucho menos es un acto que promueva la recuperación de los centros penitenciarios. ¡Son actos violentos!, afirma un comunicado de esa organización.
En redes sociales se difunden videos y fotos de uniformados que humillan y denigran a los detenidos, mientras las Fuerzas Armadas señalan que algunos son falsos y afirman que “respetan los derechos humanos de las personas privadas de libertad”.
Desde el pasado 9 de enero rige en esta nación sudamericana un estado de excepción y un conflicto armado interno, medidas con las cuales el presidente Daniel Noboa declaró la guerra a las organizaciones criminales asociadas al narcotráfico en medio de un incremento de hechos violentos.
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