Según refiere una nota oficial divulgada aquí, la solicitud sobre la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio la presentó el representante de Nicaragua ante ese tribunal, Carlos Argüello.
“Como Estado parte de la Convención contra el Genocidio, Nicaragua tiene la obligación de prevenir el Genocidio y cooperar con tal fin con las demás Partes Contratantes, incluso recurriendo a los órganos competentes de las Naciones Unidas”, señaló el comunicado.
Añadió que dicha solicitud se hizo bajo el artículo 62 del Estatuto de la Corte, lo cual implica que, de ser autorizada dicha intervención, Nicaragua participaría en calidad de estado parte del proceso con todas las implicaciones legales derivadas del fallo del tribunal.
El texto enfatizó que la decisión de solicitar una intervención como un Estado parte y no como un simple participante en la interpretación de la Convención, refleja el compromiso del Ejecutivo sandinista y su pueblo en la liberación de palestina y de la humanidad del flagelo del genocidio.
Además, da cuenta de la firmeza para cumplir con su obligación de contribuir a prevenir y sancionar los actos genocidas que se llevan a cabo en el enclave costero.
“Nicaragua, al igual que la comunidad internacional, considera que las acciones emprendidas por Israel constituyen claras violaciones de la Convención contra el Genocidio, y las mismas han sido acompañadas de declaraciones de las más altas autoridades de Israel que revelan claramente la intención genocida y la deshumanización de la que ha sido objeto el pueblo palestino”, subrayó.
Manifestó que su solicitud de intervención indica que no debe retrasar los procedimientos y deliberaciones de la CIJ relacionados con la solicitud urgente de medidas provisionales.
Urgió a Israel a cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional y a poner fin de inmediato a su asalto militar contra el pueblo palestino.
De igual modo, llamó a poner fin a la ocupación y abogó por el establecimiento de condiciones para una solución duradera y permanente que respete las fronteras de 1967 con un Estado palestino soberano e independiente.
Por último, reafirmó su firme compromiso con el Estado de Derecho a nivel internacional y la solución pacífica de las controversias entre los estados.
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