De acuerdo con la institución son 4,6 millones de personas que trabajan en empresas o negocios, pero sin las garantías establecidas en la ley, apenas el 2,6 por ciento está afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Eso significa que los empleadores no firman contratos con sus trabajadores, quienes probablemente no cuenten con derechos establecidos en la ley, como recibir al menos un salario básico (460 dólares), vacaciones, indemnizaciones, entre otros.
Las estadísticas de empleo informal también abarcan a trabajadores independientes o autónomos que trabajan sin Registro Único de Contribuyentes (RUC), con lo cual no pagan impuestos al Estado.
Del total de personas en el sector informal, 2,7 millones son hombres y 1,9 millones son mujeres.
En el área rural del país, esa modalidad de trabajo sin derechos llega hasta el 79 por ciento, mientras que en zonas urbanas urbanas alcanza al 43 por ciento de la población laboralmente activa.
La agricultura, la minería y la construcción son las actividades con la tasa más elevada de informalidad.
Con la pandemia de Covid-19, en 2020, el número de personas sin garantías laborales superó el 50 por ciento y cuatro años después esa cifra no para de crecer.
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