El organismo judicial informó que dio paso a los cuestionamientos relacionados con reformas a leyes vigentes sobre el control de armas y municiones por las Fuerzas Armadas, tipificación de delitos por tenencia de armas, e incremento de penas para terrorismo o delincuencia organizada.
La Corte rechazó nueve interrogantes, entre ellas la que buscaba permitir a los militares y agentes penitenciarios responder en libertad a actos ejecutados con el uso de la fuerza y la que promovía reformar los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros.
Además, los magistrados inadmitieron la pregunta sobre la participación de las Fuerzas Armadas en acciones contra las organizaciones criminales trasnacionales dentro y fuera del territorio nacional, por considerar que ya eso está permitido en el ordenamiento jurídico vigente.
Las cuatro preguntas relacionadas con la extradición de ecuatorianos, establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, permiso de arbitraje internacional e incorporación de contratos de trabajo por horas, fueron admitidas preliminarmente, pero deberán pasar por un control adicional de la Corte en un plazo de 20 días.
La propuesta de Noboa de realizar una consulta popular recibió calificativos de errática e innecesaria, pues abarca asuntos que pueden tratarse en la Asamblea Nacional (parlamento) sin necesidad de realizar el proceso, el cual costaría alrededor de 60 millones de dólares.
En su dictamen, la Corte Constitucional dispone al Consejo Nacional Electoral que, una vez emitido el decreto ejecutivo para el proceso consultivo, proceda con la convocatoria.
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