Según refiere una nota oficial, el Ejecutivo sandinista responsabilizó a los gobiernos de Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Canadá por sus sistemáticas violaciones a la Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio.
También los responsabilizó por las violaciones al derecho internacional humanitario y el derecho consuetudinario, incluido el vinculado con la ocupación israelí de territorios palestinos.
Recordó que los hechos y circunstancias de las acciones israelíes en contra de los palestinos llevaron a la Corte Internacional de Justicia a concluir el 26 de enero pasado que algunos de los derechos reclamados por Sudáfrica y para las cuales busca protección, son plausibles.
“Este es el caso con respecto al derecho de los palestinos en Gaza a ser protegidos contra actos de genocidio y actos prohibidos relacionados identificados en el artículo III”, explicó.
El documento señaló que, basándose en las pruebas disponibles públicamente, la Corte consideró plausible que la Convención sobre Genocidio haya sido y esté siendo violada por Israel.
“Si a juicio del Tribunal Supremo del mundo es plausible que se esté produciendo un genocidio en la Franja de Gaza, no puede ser de otra manera a juicio de la comunidad internacional, que también es dramáticamente consciente de los mismos hechos que llevaron la corte a esa conclusión”, indicó.
Nicaragua también instó a Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Canadá a detener de inmediato el suministro de armas, municiones, tecnología y componentes a Israel, ya que es plausible que hayan sido utilizados para facilitar o cometer violaciones de la convención sobre genocidio.
“Lamentablemente, el suministro de armas militares y otro tipo de asistencia que pueda utilizarse en el genocidio que está teniendo lugar no se ha detenido ni disminuido desde que comenzaron los ataques genocidas de Israel contra la Franja de Gaza en octubre de 2023, y en algunos casos, de hecho, ha aumentado”, manifestó.
Recordó que la obligación de un Estado de prevenir y el correspondiente deber de actuar, surgen en el instante en que tiene conocimiento de la existencia de un riesgo grave de cometer genocidio.
Advirtió sobre los recientes anuncios de los referidos gobiernos sobre la suspensión de los fondos a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos.
En ese sentido, subrayó que ese acto contribuye al castigo colectivo de los palestinos y al aparente objetivo de obligar a esa población a abandonar los territorios ocupados por Israel, particularmente en el enclave costero, e impedir el ejercicio de su derecho a la autodeterminación.
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