Al dejar la vía libre al incremento a los jueces retroactivo al 1 de julio de 2023, el máximo foro judicial puertorriqueño se amparó en que el cuerpo legislativo no perfeccionó el recurso dentro del término jurisdiccional provisto, debido a que no se notificó a la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) en el período establecido.
“La omisión en notificar a la OAT de la presentación de la apelación dentro del término dispuesto para ello conlleva la desestimación del recurso, por no haberse perfeccionado”, precisa la sentencia del Tribunal Supremo, que mantiene en vigor la sentencia del Tribunal de Primera Instancia del 17 de noviembre de 2023.
En esa oportunidad, el juez de instancia Anthony Cuevas acogió la demanda de los magistrados de alza salarial y ordenó al gobierno de Puerto Rico tramitar el pago de modo retroactivo.
El magistrado determinó que la resolución conjunta del presupuesto del año fiscal 2023-2024 es una ley especial, por lo cual dispuso la concesión del aumento salarial de los jueces de una partida de 11,2 millones de dólares.
La Cámara de Representantes objetó el 12 de enero de este año, mediante un recurso ante el Tribunal de Apelaciones, que los jueces impusieran el alza salarial.
El juez apelativo Ricardo Marrero reclamó que el recurso no quedó debidamente perfeccionado en el término aplicable, toda vez que la Cámara de Representantes omitió notificar la apelación a la OAT, una de las partes involucradas en el caso.
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