La titular manifestó este lunes en una entrevista con el canal Ecuavisa que el mecanismo de eliminación y focalización del beneficio será “progresivo y en un sistema bandas”.
Explicó que algunos sectores requieren eliminar los subsidios con un esquema de compensación porque la idea no es distorsionar el sector productivo del país.
Precisó que de eliminar parcialmente las subvenciones el Estado ahorraría entre 450 y 550 millones de dólares, lo cual sería “un respiro muy fuerte”.
Otra prioridad, según comentó Arrobo, es combatir el contrabando de diesel porque son recursos que estamos perdiendo por mar o tierra.
El gobierno ecuatoriano busca cómo enfrentar el déficit fiscal existente así como recursos para financiar los operativos militares en el marco de su conflicto armado interno, declarado el pasado 9 de enero contra el crimen organizado.
Entre las opciones para aumentar los ingresos está la propuesta del Ejecutivo de subir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 15 por ciento que se discutirá mañana en la Asamblea Nacional (Parlamento), una medida con amplio rechazo político y social.
Por otro lado, el Ejecutivo ecuatoriano busca también prorrogar el cierre del campo petrolero Bloque 43-ITT, ubicado en el Parque Nacional Yasuní, a pesar de que la mayoría de la ciudadanía votó en consulta popular a favor de dejar el crudo bajo tierra en esa zona de la Amazonía.
Al respecto, Arrobo manifestó que sí presentarán a la Corte Constitucional un programa para el cierre del bloque, pero ese momento no necesariamente tendrá lugar antes del mes de agosto, como estaba estipulado.
Plantearemos esperar cinco años más para el desmontaje de la infraestructura, indicó la ministra, para quien el proceso será complejo y costoso, de al menos mil millones de dólares. Indígenas y activistas ambientales exigieron al Gobierno respetar la decisión popular de dejar de extraer en un año el petróleo del Yasuní, considerado uno de los sitios más biodiversos del planeta.
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