Este jueves, la legisladora Paola Cabezas retomó el pedido de fiscalización a esa pesquisa al asegurar que los resultados son incongruentes con la realidad del pueblo afroecuatoriano.
La fiscalización también estará a cargo de la Contraloría General del Estado, pues el informe recomendó auditar la gestión a Roberto Castillo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
En ella se analizarán las fallas administrativas graves en las áreas de reclutamiento, actualización cartográfica, capacitación, empadronamiento, comunicación y seguridad del Censo Nacional 2022, según informó el Parlamento.
A propósito, el Pleno del Legislativo recibió a John Sánchez, académico del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) y al economista Byron Villacís, exdirector del INEC, quienes abordaron los resultados del Censo.
De acuerdo con Sánchez, la reducción estadística de un millón 200 mil afroecuatorianos censados en 2010, a 600 mil en 2022, no solo incurre en un error técnico, sino que afecta directamente a la inversión estatal en políticas públicas, asignación de recursos y garantías de derechos para ese grupo étnico.
Por su parte, el exdirector del INEC expresó su preocupación sobre la calidad y cobertura del Censo Nacional realizado en 2022 y denunció los retrasos en su cronograma de ejecución, por lo que existen dudas sobre la veracidad técnica de los datos y resultados emitidos por la entidad en 2023.
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