La organización no gubernamental señaló en un comunicado que la cifra incluye a unos 40 menores de edad y a 11 mujeres, así como a legisladores, periodistas y activistas sociales.
Ni siquiera durante la Primera Intifada (1987-1993), como son conocidos los levantamientos palestinos, se llegó a esa cifra, señaló.
Esa norma es utilizada por Israel para arrestar a palestinos por intervalos renovables que suelen oscilar de tres a seis meses sobre la base de pruebas no divulgadas, que incluso el abogado del acusado tiene prohibido ver.
Sistemáticamente numerosos detenidos bajo esa medida inician huelgas de hambre por tiempo indefinido para denunciar sus casos y forzar a las autoridades israelíes a liberarlos.
Los palestinos y los grupos de derechos humanos denuncian que la detención administrativa viola el debido proceso judicial porque permite no presentar pruebas contra los presos mientras permanecen detenidos durante largos períodos sin ser acusados, juzgados o condenados.
La denuncia del Club de Prisioneros coincidió con la publicación esta semana de un informe de la Procuraduría General israelí sobre el hacinamiento y las malas condiciones que sufren los palestinos en las cárceles de ese país.
El organismo destacó que el Servicio Penitenciario declaró una “emergencia carcelaria”, que permite la violación de los derechos básicos de los presos.
Por ejemplo, indicó que miles de ellos duermen en un colchón en el suelo de celdas superpobladas en prisiones de todo el país.
Entre los problemas detectados están el hacinamiento, las malas condiciones sanitarias e higiénicas, problemas de plagas, así como la falta de ventilación adecuada y de equipamiento básico para los reclusos.
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