El Club de Prisioneros Palestinos y la Comisión de Prisioneros y Exprisioneros señalaron en un comunicado conjunto que desde entonces fueron encarcelados seis mil 950 ciudadanos de la Ribera Occidental.
Ambos grupos denunciaron la sistemática campaña de arrestos en el territorio, intensificada tras explotar el nuevo ciclo de enfrentamientos.
Asimismo, condenaron el incremento de los allanamientos y destrucción de viviendas de las familias palestinas.
Días atrás, la primera de esas organizaciones afirmó que desde hace 100 días el nivel de crímenes de las fuerzas de seguridad contra los detenidos está en alza.
“Entre los delitos más destacados se encuentran la tortura, malos tratos, golpizas severas, amenazas de dispararles directamente, interrogatorios sobre el terreno, amenazas de violación, así como el uso de perros policía y de ciudadanos como escudos humanos”, alertó.
El Club destacó que durante ese lapso los militares emitieron más de dos mil 850 órdenes de detención administrativa, procedimiento utilizado para arrestar a palestinos por intervalos renovables que suelen oscilar de tres a seis meses sobre la base de pruebas no divulgadas, que incluso el abogado del acusado tiene prohibido ver.
Los palestinos y los grupos de derechos humanos afirman que la detención administrativa viola el debido proceso judicial porque permite no presentar pruebas contra los presos mientras permanecen detenidos durante largos períodos sin ser acusados, juzgados o condenados.
Según datos oficiales, al cierre de 2023 unos ocho mil 800 palestinos estaban retenidos en prisiones israelíes, incluidas 80 mujeres.
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