El recurso se planteó el pasado 30 de enero por el Comité Permanente por la de Defensa de los Derechos Humanos. Allí se sostuvo que a siete privados de libertad se les negó el acceso a medicinas.
En la sentencia emitida, el magistrado también declaró responsable al Estado ecuatoriano «por acción y omisión» pues, según el juez, las FFAA incurrieron en acciones que atentaron contra la integridad de los reos al someterlos a maltratos que «podrían ser tortura» -señaló- y deberán ser investigados por la Defensoría del Pueblo.
Una vez determinada la violación de los derechos de los presos, el juez Peña también concedió medidas de reparación integral a su favor.
Entre ellas, determinó la atención médica ininterrumpida a las personas detenidas y el seguimiento a su estado de salud mental.
Asimismo, Peña exhortó a las Fuerzas Armadas a respetar la Ley y enmarcar sus actuaciones en respeto a la dignidad y decretó que el Sistema de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) deberá otorgar colchones, acceso a luz, agua potable, alimentación, útiles de aseo y de higiene personal de manera directa.
Este jueves, la Policía Nacional y la Fiscalía General de Ecuador iniciaron una investigación para determinar la muerte de al menos cinco reos en la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Los familiares de los detenidos han denunciado violaciones a los derechos humanos en las penitenciarías del país andino, mientras el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el almirante Jaime Vela, señaló en una conferencia de prensa que cualquier indicio de posible violación a los derechos humanos tiene que ser investigado y es la Fiscalía la que tiene que indagar.
Esta nación sudamericana atraviesa por un conflicto armado interno declarado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el pasado 9 de enero ante una oleada de atentados y acciones violentas atribuidas al crimen organizado.
Las mismas incluyeron el secuestro de policías, alertas de explosiones, vehículos incendiados, motines simultáneos en cárceles con unos 200 rehenes que lograron ser liberados y la toma de un canal de televisión por parte de 13 encapuchados armados, ahora detenidos.
Desde ese momento, más de siete mil personas han sido detenidas, entre ellas, más de 200 fueron arrestados por presunto terrorismo mientras crecen las preocupaciones por el hacinamiento en las cárceles.
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