El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, suspendió la sesión en la tarde de este jueves y se desconoce cuándo se volverá a retomar el debate de la propuesta que encontró obstáculos para su aprobación por algunos artículos.
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Específicamente, la polémica se centra en el acápite que plantea permitir a entes internacionales adscritos al sistema interamericano o al sistema de Naciones Unidas la revisión de las sentencias emitidas por la Corte Nacional de Justicia.
Ahí prácticamente se establece el regreso político del expresidente Rafael Correa, consideró el asambleísta del movimiento de oposición Construye, Jorge Peñafiel.
La legisladora Viviana Veloz, jefa de la bancada de la Revolución Ciudadana -organización cuyo líder es el exmandatario- aseguró que esa no es la intención.
Según explicó Veloz, el problema es la falta de confianza en jueces que muchas veces ceden a presiones políticas.
No entendemos cuál es la preocupación que tienen ciertos actores en la revisión de sentencias dadas de ”manera espuria” en este país, manifestó Veloz, quien calificó como “burda mentira” decir que la reforma busca la impunidad.
El proyecto plantea también la tipificación de dos nuevos delitos: propagación de enfermedades infecciosas y feminicidio, así como el aumento de penas para crímenes como sicariato, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión sexual, tráfico de drogas, e infracciones contra la flora y fauna.
Las reformas también buscan mayores sanciones para operadores de justicia que actúen fuera del marco de la ley, así como funcionarios públicos que cometan peculado, tráfico de influencias, prevaricato, entre otras conductas.
Además, el proyecto prevé que los extranjeros sentenciados por delitos cuya sentencia supere los cinco años de cárcel, serán expulsados una vez cumplida la pena y tendrán prohibido el retorno al territorio ecuatoriano por 20 años.
Los posibles cambios al Código Orgánico Integral Penal se producirán mientras Ecuador se encuentra en medio de un estado de excepción y conflicto armado interno que ha dejado más de ocho mil detenidos, de ellos 241 por presunto terrorismo.
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