El informe, que genera opiniones encontradas, plantea la tipificación de dos nuevos delitos: propagación de enfermedades infecciosas y feminicidio.
El documento a debatir en el pleno del Legislativo señala la necesidad de reforzar penas para crímenes que tuvieron un repunte en los últimos años, entre ellos sicariato, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión sexual, tráfico de drogas e infracciones contra la flora y fauna.
Las reformas también buscan mayores sanciones para operadores de justicia que actúen fuera del marco de la ley, así como funcionarios públicos que cometan peculado, tráfico de influencias y prevaricato, entre otras conductas.
Además, el proyecto prevé que los extranjeros sentenciados por delitos, cuya sentencia supere los cinco años de cárcel, serán expulsados una vez cumplida la pena y tendrán prohibido el retorno al territorio ecuatoriano por 20 años.
La Fiscalía General del Estado se pronunció la víspera mediante un comunicado y se opuso a la iniciativa, porque considera que no debe responder a intereses políticos y sí debe cumplir con los principios de la política criminal.
Entre los artículos polémicos se encuentra el relacionado con la reserva de las investigaciones por parte de la Fiscalía y otras instancias del sistema de justicia.
Otro de los acápites cuestionados busca incluir una nueva causal para solicitar recursos de revisión por entidades de derechos humanos adscritas al sistema interamericano o al de Naciones Unidas, lo cual para la Fiscalía se puede tratar de un intento de beneficiar a personas procesadas por corrupción.
Los posibles cambios al Código Orgánico Integral Penal se producirán mientras Ecuador se encuentra en medio de un estado de excepción y conflicto armado interno, que ha dejado casi ocho mil detenidos, de ellos 241 por presunto terrorismo.
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