Hasta ahora las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han ejecutado 98 mil 890 operaciones conjuntas, 153 de ellas contra bandas criminales catalogadas ahora por las autoridades como grupos terroristas.
En los últimos 37 días de conflicto armado, los uniformados también incautaron dos mil 405 armas de fuego, 12 mil 433 explosivos, 167 mil 24 balas, mil 236 cargadores de balas y tres mil 422 armas blancas.
A medida que avanzan las acciones contra el crimen organizado y crece el número de personas aprehendidas, aumentan las preocupaciones sobre posibles vulneraciones de derechos.
Hace poco días el juez Manuel Peña determinó que las Fuerzas Armadas vulneraron los derechos de los presos en las cárceles en medio del estado de excepción.
En la sentencia, el magistrado declaró responsable al Estado ecuatoriano “por acción y omisión” por considerar que los militares incurrieron en acciones contra la integridad de los reos al someterlos a maltratos que “podrían ser tortura” y deberán ser investigados por la Defensoría del Pueblo.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, rechazó la víspera las acusaciones de violación de derechos de detenidos y prisioneros.
Que ningún antipatria nos venga a decir que nosotros estamos violando los derechos de nadie cuando estamos protegiendo los derechos de la gran mayoría”, afirmó el mandatario este jueves en un acto en la provincia de Manabí.
Al decretar el conflicto armado interno, el Gobierno identificó 22 grupos del crimen organizado transnacional y los catalogó como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes.
De esa forma, el mandatario abrió una puerta legal para que militares y policías actúen con todos sus recursos para neutralizarlos.
Ecuador es considerado uno de los países más violentos del mundo, con 45 homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes en 2023.
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