El pasado jueves, el Legislativo dejó en suspenso la votación del proyecto, luego de que el presidente de ese órgano de Estado, Henry Kronfle, suspendiera la sesión.
Hasta el momento se desconoce cuándo será el segundo debate de la propuesta que encontró obstáculos para su aprobación por algunos artículos.
La principal polémica se centra en el acápite que plantea permitir a entes internacionales adscritos al sistema interamericano o al sistema de Naciones Unidas la revisión de las sentencias emitidas por la Corte Nacional de Justicia.
La bancada del movimiento Construye, principal crítica del proyecto, insiste en que con ese acápite pretenden abrir la posibilidad de que se revise la sentencia contra el expresidente Rafael Correa, y mantiene su postura de pedir el archivo del proyecto.
Ahí prácticamente se establece el regreso político del expresidente Correa, consideró el asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel.
En este sentido, la legisladora Viviana Veloz, jefa de la bancada de la Revolución Ciudadana -organización cuyo líder es el exmandatario- aseguró que esa no es la intención.
Según explicó Veloz, el problema es la falta de confianza en jueces que muchas veces ceden a presiones políticas.
No entendemos cuál es la preocupación que tienen ciertos actores en la revisión de sentencias dadas de” manera espuria” en este país, manifestó Veloz, quien calificó como “burda mentira” decir que la reforma busca la impunidad.
El proyecto plantea también la tipificación de dos nuevos delitos: propagación de enfermedades infecciosas y feminicidio, así como el aumento de penas para crímenes como sicariato, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión sexual, tráfico de drogas, e infracciones contra la flora y fauna.
Las reformas también buscan mayores sanciones para operadores de justicia que actúen fuera del marco de la ley, así como funcionarios públicos que cometan peculado, tráfico de influencias, prevaricato, entre otras conductas.
Además, el proyecto prevé que los extranjeros sentenciados por delitos cuya sentencia supere los cinco años de cárcel, serán expulsados una vez cumplida la pena y tendrán prohibido el retorno al territorio ecuatoriano por 20 años.
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