La semana pasada el presidente del Legislativo, Henry Kronfle, suspendió la sesión antes de votar y reprogramó para este jueves el análisis de la normativa que encontró obstáculos para su aprobación por algunos artículos.
Gran parte de la polémica se centró en los artículos que proponen permitir a entes internacionales adscritos al sistema interamericano o al de Naciones Unidas la revisión de las sentencias emitidas por la Corte Nacional de Justicia.
Ahí prácticamente se establece el regreso político del expresidente Rafael Correa, consideró el asambleísta del movimiento de oposición Construye Jorge Peñafiel.
La legisladora Viviana Veloz, jefa de la bancada de la Revolución Ciudadana -organización cuyo líder es el exmandatario- aseguró que esa no es la intención.
Según explicó Veloz, el problema es la falta de confianza en jueces que muchas veces ceden a presiones políticas.
Ante la falta de acuerdos, probablemente la votación se realice por partes, según anunció Kronfle.
El proyecto plantea también la tipificación de dos nuevos delitos: propagación de enfermedades infecciosas y feminicidio, así como el aumento de penas para crímenes como sicariato, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión sexual, tráfico de drogas e infracciones contra la flora y la fauna.
Las reformas también buscan mayores sanciones para operadores de justicia que actúen fuera del marco de la ley, así como funcionarios públicos que cometan peculado, tráfico de influencias y prevaricato, entre otras conductas.
Además, el proyecto prevé que los extranjeros sentenciados por delitos, cuya pena supere los cinco años de cárcel, sean expulsados una vez cumplida la condena y tengan prohibido el retorno al territorio ecuatoriano por 20 años.
Los posibles cambios al Código Orgánico Integral Penal se discuten en medio de un estado de excepción y conflicto armado interno en Ecuador, que ha dejado más de nueve mil detenidos, de ellos 241 por presunto terrorismo.
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