Los organizadores de la caminata asumieron esa posición pese a que el Ejecutivo cumplió con las exigencias de los autores de la movilización entre Beni y Santa Cruz, añadió el viceministro de seguridad ciudadana, Roberto Ríos.
El funcionario lamentó la negativa a las conversaciones de los marchistas entre ambos departamentos occidentales, aunque reiteró que las autoridades mantienen su voluntad de conversar con ellos, de acuerdo con la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Por su parte, el exministro de gobierno Carlos Romero reveló la víspera que los caminantes recibieron la orden política de no dialogar, decidida por dos logias de Santa Cruz e impartida por Camacho y el llamado ‘cívico’ cruceño Rómulo Calvo.
‘Los participantes de la marcha –aseguró- carecen de autonomía de decisión, son gente apoyada logísticamente que depende de decisiones del comité cívico pro Santa Cruz, de la Gobernación y de los actores políticos de derecha’.
Según las fuentes, la decisión de rehusar el diálogo se evidenció desde el inicio de la marcha, cuando sus integrantes pretextaron que carecían de un pliego petitorio, a fin de evitar las conversaciones.
También, alegaron que no tenían voceros autorizados o que dialogarían solo cuando llegaran a la ciudad de Santa Cruz, subrayó la ABI.
Varios viceministros acudieron a las instalaciones de la Universidad Gabriel René Moreno en Santa Cruz para atender el pliego de demandas, pero responsables de los marchistas desestimaron las negociaciones, señaló la Agencia.
El viceministro Ríos lamentó que los caminantes, cuyo recorrido comenzó el 25 de agosto, distorsionen y politicen esa acción, y los instó a que ‘realmente obedezcan a las demandas de los pueblos y naciones indígenas’.
José Manuel Pinto, representante de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía, aseguró a mediados de septiembre que la marcha respondía ‘a intereses personales de exdirigentes’.
El directivo del ente popular cuestionó a líderes marchistas como Adolfo Chávez y Marcial Fabricano, dirigentes del sector en años pasados, ‘pero ahora sin representatividad porque no fueron elegidos por las organizaciones indígenas legítimas’.
El Gobierno acompañó a los movilizados desde el principio de la caminata y les facilitó apoyo médico, alimentos y otros materiales para que desarrollaran la acción de manera más segura, afirmó un parte oficial.
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