Un día como hoy, pero de 2019, debió instalarse la nueva magistratura de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el periodo 2019-2024, junto a la Corte de Apelaciones, pero sucesivas irregularidades en la selección de candidatos impidieron desde el inicio llevar a buen puerto este proceso, históricamente viciado.
Analistas como Edgar René Ortiz consideran caduca la forma de elección a través de Comisiones de Postulación, que se convierten en blanco de operadores de la justicia a favor del sistema de corrupción e impunidad vigente en este país.
En este caso, explicó, ya la convocatoria lanzada por el Congreso de la República para conformar estos órganos arrancó con problemas, pues la hicieron en febrero de 2019 anticipadamente y luego ante un amparo y por presión de la Corte de Constitucionalidad (CC) volvieron a concretarla en junio de ese mismo año.
Prácticamente las Postuladoras nacieron viciadas y así continuaron su trabajo, con amparos presentados ante la CC por diversas organizaciones civiles para encaminar el rumbo ante sucesivas violaciones y cuestionamientos sobre la capacidad e integridad de sus miembros.
Una parada para subsanar errores por parte del Consejo de la Carrera Judicial, la cual no había evaluado a los jueces y magistrados interesados en optar por los cargos de la CSJ y de Apelaciones, extendió la madeja hasta diciembre de 2019.
En febrero de 2020, cuando las Comisiones de Postulación terminaban de votar para conformar la lista de candidatos que enviarían al Congreso, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) dIO a conocer públicamente el caso Comisiones Paralelas 2020, un corrupto entramado de favores en manos de un privado de libertad para garantizar el control judicial y político.
El expediente dio lugar a que el Ministerio Público (MP) interpusiera un amparo más y nuevamente la elección de las Cortes quedó en suspenso hasta el 6 de mayo de 2020, que la CC resolvió que la FECI emitiera un informe al Congreso sobre la investigación.
La resolución tenía una condicionante, al obligar a los diputados a votar a viva voz por todos los aspirantes y excluir a quienes no cumplieran los requisitos de idoneidad, capacidad y honorabilidad del artículo 113 constitucional.
Desde entonces, el órgano legislativo unicameral hizo caso omiso a su deber, pues lejos de priorizar el tema como le ordenó la CC, la Junta Directiva incorporó el punto al final de su agenda para no aparecer como transgresora y contó así con un aliado infalible para entrampar la elección: la falta de quórum.
En estos 16 meses apenas votaron por uno de los 270 candidatos a la Corte de Apelaciones y ninguno de la CSJ, y deliberadamente eligieron e instalaron un nuevo Tribunal Constitucional, también con vicios, pero cercano a sus intereses de mantener cooptada la justicia, denunciaron las bancadas legislativas opositoras Semilla y Winaq.
Aun así, el tiempo corre, y hoy se cumplen siete años de la actual magistratura al frente del organismo judicial por sucesivas extensiones en los cargos y lo peor es que a estas alturas ya no hay tiempo, porque están a las puertas de la discusión del Presupuesto y la elección de nueva Junta Directiva.
A juicio de Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia, el parlamento tiene la decisión, por mayoría parlamentaria, de no elegir a los magistrados porque los actuales son cómodos a sus intereses.
La ansiada renovación tampoco se ve próxima en el horizonte de 2022, un año preelectoral y de grandes reacomodos políticos en el Congreso. Hay quienes piensan, incluso, que el rejuego podría durar hasta 2024, cuando de nuevo se convoque a nuevas Comisiones de Postulación y empiece otro proceso.
Si llegara a suceder, la actual magistratura estaría completando 10 años en sus cargos.
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