En un pronunciamiento oficial, la entidad expresó preocupación por los denominados ‘incidentes de bioseguridad’, reportados por la institución bancaria desde el pasado 8 de octubre y aún pendientes de solucionar.
La Defensoría aclaró que en este período los usuarios no han recibido ninguna noticia o explicación por la falla en los servicios.
De acuerdo con el comunicado, se evidenciaría una probable omisión de la Superintendencia de Bancos como organismo controlador y regulador.
‘Para la protección y prevención de los derechos de usuarios del servicio que brindan las instituciones del sistema financiero, es necesario considerar que la Constitución de la República determina que los ciudadanos tienen derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de óptima calidad, con eficiencia y buen trato’, señala el texto.
Asimismo, indica que las personas tienen derecho a recibir información precisa y no engañosa sobre el contenido y características de los bienes entregados y de los servicios prestados.
Frente a ese escenario, el llamado al Banco Pichincha es a asumir un compromiso político de responsabilidad, para respetar los derechos de quienes acuden a dicha entidad, así como a implementar e institucionalizar, de forma diligente, un proceso para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre el impacto del presente evento en los usuarios.
De ser necesario, añadió la Defensoría del Pueblo, se debe reparar las consecuencias negativas de la paralización de servicios, para lo cual se deben establecer vías directas de comunicación y análisis, a fin de resolver cada queja de manera efectiva y diligente.
A la Superintendencia de Bancos el pedido es emprender de manera inmediata las acciones de verificación y control y, de ser el caso, aplicar la sanción correspondiente y la disposición de medidas de prevención para evitar hechos similares e igualmente establecer canales de atención de reclamos.
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