La declaración fue a través de la cuenta oficial en Twitter del organismo, en momentos en que la nación caribeña es diana de otro intento de desestabilización.
Recientemente, autoridades en varios municipios calificaron de provocación a la convocatoria a una marcha inicialmente programada para el 20 de noviembre, en supuesto respeto a los preceptos constitucionales, y denegaron su realización.
También en un tuit, la viceministra de Relaciones Exteriores Anayansi Rodríguez señaló el involucramiento directo del Gobierno de Estados Unidos en la orquestación de esta farsa contrarrevolucionaria.
‘Está en juego el derecho de Cuba a defenderse de la agresión extranjera, con independencia del disfraz que tome’, escribió.
De igual forma, Rodríguez enfatizó en que es ‘anticonstitucional, ilegítimo e inmoral adscribirse a un proyecto anexionista u obrar a favor de los intereses de una potencia extranjera poniendo en riesgo la estabilidad ciudadana.
El pasado martes los gobiernos de varias demarcaciones, como La Habana Vieja, Consolación del Sur (ambas en el occidente del país), Cienfuegos, Santa Clara, Nuevitas (centro), Holguín y Guantánamo (oriente) coincidieron en considerar a la convocatoria como una provocación de carácter ilegítimo y de doble moral.
En cartas publicadas en los portales web de esas instancias, remarcaron que ‘no se reconoce legitimidad en las razones para la marcha’, y reiteraron que organizadores de la iniciativa guardan relación con instituciones y agencias financiadas por Estados Unidos, con la intención manifiesta de modificar el sistema político de la isla.
El mensaje recuerda que, de forma inmediata a su anuncio, la convocatoria recibió el apoyo público de legisladores norteamericanos, operadores políticos y medios de comunicación que alientan acciones contra el pueblo cubano, intentan desestabilizar el país e instan a la intervención militar.
La actual Constitución dispone entre los requisitos para el ejercicio del derecho a la manifestación, la licitud y el ‘respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley’.
También la carta magna define que el sistema socialista es irrevocable, ‘por lo cual toda acción ejercida en su contra es ilícita’, precisa el comunicado.
La Constitución fue debatida ampliamente y aceptada en referendo por el 86,85 por ciento de los votantes, mayoría que escogió de manera soberana y libre el sistema socialista.
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