La propuesta, que el ejecutivo defiende como un mecanismo para aliviar problemas latentes en el país en materia económica y de empleo, es a juicio de algunos legisladores y de organizaciones de trabajadores, un retroceso en los derechos laborales.
Además de las regresiones que comprende, el articulado cuenta con irregularidades y problemas de forma que hicieron al legislativo devolverlo a la administración central, lo cual fue criticado por el presidente de la república, Guillermo Lasso.
La víspera, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia emitió un comunicado en el cual anunció que el mandatario decidió dividir en tres (laboral, tributario e inversiones) el proyecto legal y enviar los dos primeros en los próximos días al parlamento, con carácter de urgente en materia económica.
‘Esta decisión se ampara en que actualmente está vigente un estado de excepción, declarado mediante el Decreto Ejecutivo 210, lo que permite al ejecutivo remitir dos proyectos de ley con carácter de urgente’, recalcó la información.
Asimismo señaló que de esa manera insistirán, mediante todos los mecanismos legales, democráticos y constitucionales, en la generación de oportunidades para los ecuatorianos, afirmación rechazada por algunos colectivos y asambleístas.
Sobre ese particular, el jefe de estado aseveró: ‘una vez que se tramiten los dos primeros, presentaremos el tercero, de promoción de inversiones.
Las discrepancias en cuanto al mecanismo legal sacaron a la luz además la posibilidad de que el gobernante recurra a la llamada Muerte Cruzada para resolver el impase, con lo cual podría disolver el parlamento y aprobar las leyes, con la anuencia de la Corte Constitucional.
‘Si persiste el bloqueo, no nos queda más que la muerte cruzada’, afirmó en conversatorio con medios de prensa.
No obstante, acotó que primero agotará otros recursos, como el recién anunciado de dividir en tres partes la propuesta.
La nueva opción también cuenta con detractores, quienes insisten en que es inconstitucional enviar más de un texto económico con carácter de urgente.
Por el momento, en las próximas jornadas la Asamblea Nacional volverá a recibir los documentos y tendrá un lapso de 30 días para tramitar ambos.
La directiva de esa institución enfatiza en que su intención no es obstaculizar o bloquear las propuestas gubernamentales, pero tampoco permitirá inconstitucionalidades o medidas perjudiciales para la ciudadanía.
Para tratar de solventar los problemas, en reunión de más de una hora con la presidenta del legislativo, Guadalupe Llori, el mandatario se refirió a realizar encuentros con la bancada del partido Pachakutik y manifestó voluntad de sostener intercambios similares con el Partido Social Cristiano y los bloques de Izquierda Democrática y Unión por la Esperanza.
Aparte de la oposición que el cuerpo legal encontró en el máximo órgano parlamentario, varios gremios y colectivos también expresan desacuerdos, entre ellos el Frente Unitario de Trabajadores (FUT).
En opinión de directivos del Frente, la Ley de Creación de Oportunidades implica regresión y la idea de dividirla en tres aspectos solo logra castigar a la masa obrera por el lado de impuestos y a la vez en lo laboral.
Al respecto, Mesías Tatamuez criticó los artículos 70 y 75, que constaban en el proyecto de ley original, según el cual los trabajadores indemnizan a los empleadores por algunas causales.
En medio de ese panorama, organizaciones del Frente Popular planean una reunión en la que definirán acciones para hacer respetar sus derechos y detener la política de Lasso, considerada neoliberal.
‘La famosa megaley de oportunidades no es otra cosa que sumir en el hambre, en la miseria, en la pobreza y en el desempleo a los ecuatorianos, apuntó Nelson Erazo, presidente del Frente Popular.
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